Columnistas

Esta es la segunda parte del Ensayo sobre Federalismo Fiscal que escribí para la revista El Pacto Federal. Espero que les halla gustado y si no, pues igual pueden comentar, ya el viernes regresamos a la programación normal en este espacio tecleado.

El gobierno estatal y a través de programas lleva las inversiones a los municipios, para la obra pública en Autlán se aplicarán programas como Administración y mejoramiento de la educación básica, Fomento a la Vivienda, Financiamiento para el desarrollo y seis programas más, siendo esos tres los más recurrentes.
Para acceder a ellos, los municipios tienen que llenar una serie de requisitos, hacer trámites, aportar parte de los recursos, gestionar. Algo más cercano a relaciones públicas. La inversión en los municipios está supeditada más a las habilidades gestoras del presidente municipal que a las necesidades de los habitantes.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 74 da la facultad al ejecutivo de realizar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y al congreso la de aprobarlo. Al no existir parámetros claros que le exijan al ejecutivo la asignación de recursos a cada estado y en consecuencia a cada municipio, la asignación de los recursos se hace, para Rafael Ambríz con criterios ajenos a las necesidades de cada identidad: “Muchas veces se reparte con intereses partidistas, si el gobernador es de un partido asignará más recursos a los municipios gobernados por su partido, así la gente dirá ‘mira este partido sí trabaja’ mientras que a los que no son de su partido, le limitará los recursos para que se piense lo contrario”.
Ahí es donde está otro candado que le impide a los municipios y a los estados decidir sobre la aplicación de sus recursos. La repartición de los bienes corre el riesgo de ser valorada con intereses partidistas y no de asignar recursos a quien se los ganó o a quien más lo necesita, en ese espíritu de coordinación con el que también cuenta el federalismo. Se podría pensar que el Congreso podría detener un proyecto de Ley de Egresos, que busque el beneficio partidista. La historia hasta el año 2005 podrá desmentirlo, siempre se ha aprobado la propuesta del ejecutivo, que incluso en el 2005 se llevó a la Suprema Corte quien falló a favor del presidente.
Aparentaría que es la libertad fiscal de los Ayuntamientos la clave para lograr la autonomía municipal en la aplicación de recursos, pero la idea tiene algunas limitantes, la principal es que muchos municipios mexicanos no cuentan con el infraestructura necesaria para cobrar sus propios impuestos, también que lo generan nos les alcanzaría para mantenerse solos. Además de que resultara poco viable que en cada municipio hubiera un Congreso que legislara y que creara tantas leyes que ponerlas en práctica sería prácticamente imposible.
El centralismo no es lo peor que le puede pasar a un municipio, pues hay municipios que no cuentan con la infraestructura humana ni lo necesario para mantenerse solos. Necesitan a los demás y el presupuesto federal y estatal. Por otro lado, no se puede depender sólo del centralismo porque supone un desaliento al interés de cada municipio o incluso de cada estado de recaudar los ingresos que se producen.
Es por eso que dentro del Federalismo Fiscal es hasta cierto punto sano el centralismo: “La recaudación centralizada por parte del gobierno federal de aquellos impuestos que por su movilidad podrían representar importantes deficiencias si se dejan en manos de los gobiernos subnacionales o locales (como lo afirma la teoría) es uno de los argumentos más decisivos que justifican la apropiación de los impuestos más dinámicos por parte del ámbito central. Entre los gravámenes antes señalados destacan el impuesto sobre la renta de personas físicas y morales (ISR), el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre producción y servicios (IEPS) que en conjunto representaron en 2001 90% de la recaudación tributaria total” .
Los especialistas coinciden en que hay áreas del quehacer gubernamental que debe estar a cargo de cada nivel de gobierno. Por ejemplo Rafael Ambriz apunta que los estados se tendrían que hacer cargo de los servicios educativos, de salud, de comunicaciones y de Seguridad Pública. De alguna forma homogenizar las medidas, los programas. Resultaría ilógico que cada municipio hiciera el pedazo de carretera que le corresponde para unir la comunicación entre ellos, o que cada municipio tuviera un programa de estudios distinto.
Mientras que Manuel Díaz propone: “Los principios o criterios señalados por la teoría del federalismo fiscal respecto de la centralización del gasto se refieren a los beneficios indirectos interjurisdiccionales, a la armonización del gasto y a la equidad federal, principalmente. Por lo que, desde esta perspectiva, la función del gobierno federal es suministrar los bienes y servicios públicos nacionales que por su naturaleza rebasan los ámbitos local y regional (defensa, relaciones exteriores y control de la reserva monetaria, entre otros), mantener la eficiencia del mercado interno (libre flujo de bienes y servicios, mano de obra y capital) y buscar la equidad redistributiva en todo el país.”
La solución es compleja, la misma característica multicultural de México, y las profundas diferencias que hay en el desarrollo de cada región del país y de los estados, plantean caminos diferentes a lograr un federalismo fiscal confiable y que rinda frutos.
Sin embargo, el desarrollo municipal que le sumará en su conjunto al desarrollo del país, parece urgir a reformas que le garanticen a los municipios tener ingresos propios, de manera que su desarrollo esté más determinado por su capacidad de administración y de recaudación que a las decisiones centrales de los gobernadores y los presidentes de la república, monopolizando, sí legalmente, la obra pública municipal que fomentará un desarrollo regional más acorde a las necesidades locales.
No se trata de darle absoluta libertad al municipio, tampoco de perder la coordinación, pero sí de garantizar que los bolsillos municipales no estén vacíos y en paternalista postura esperando sólo el auxilio estatal y federal; tampoco que el desarrollo dependa de las relaciones públicas del presidente municipal.
Se trata de buscar la autonomía de las partes y que el centro las coordine.

Fuentes.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Instituto Federal Electoral. México DF. 2005.
• Constitución Política del Estado de Jalisco. Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Guadalajara Jalisco. 2005.
• DÍAZ Flores, Manuel. DÍAZ Flores, Manuel. Federalismo Fiscal y asignación de competencias: una perspectiva teórica. En Economía, Sociedad y Territorio, vol. III. Núm. 11, 2002. En: http://www.cmq.edu.mx/revista_EST.htm. Ví: 3 Junio 2006.
• RAMIREZ Acuña, Francisco. Quinto Informe de Gobierno. Anexo Estadístico Tomo II. Gobierno del Estado de Jalisco. Guadalajara, 2006.

Entrevistas.
• Lic. Rafael Ambríz. Coordinador de la Carrera de Abogado en el Centro Universitario de la Costa Sur en Autlán Jalisco de la Universidad de Guadalajara. Ex Síndico municipal de Autlán, en la administración 2002-2004.
• Dr. Rubén Sánchez. Director de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara.

Fuentes Electrónicas
• www.autlan.gob.mx
• www.inegi.gob.mx
• www.cmq.edu.mx/revista_EST.htm

Esta entrada fue enviada el Miércoles, 1 de Noviembre de 2006 a las 10:19 y está archivada bajo Palabra Clave. Puedes seguir las respuestas a esta entrada a través de la fuente RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propia página.